Si bien la aceleración antrópica del cambio climático es un hecho innegable para la comunidad científica, es sabido que existen no pocos grupos de presión que tratan de sembrar la duda acerca de su veracidad. Los legisladores mantienen un ritmo más lento y vacilante de lo deseable y, en general, no hay más incentivos para convencer a la opinión pública de que es preciso luchar contra este fenómeno, más allá de evitar catástrofes que muy probablemente sucederán en el futuro.
Ante la necesidad de beneficios que satisfagan perspectivas cortoplacistas, encontramos hoy dos iniciativas que permiten hacer algo más tangible estas políticas. Como casi siempre, se basan en incidir en el bolsillo.
La Unión Europea canalizará, como se lee en esta noticia, fondos derivados de la venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que servirán para financiar proyectos de obtención de energías renovables, consiguiendo así que, de alguna manera, «los pecadores paguen por los justos» esta vez. 1000 millones de euros en total, que atraerán previsiblemente otros 900 de inversión privada, y que premiarán, así, un cambio de paradigma en el desarrollo energético.
En esta otra noticia hallamos un ejemplo de legislación audaz, que desviará igualmente los beneficios obtenidos de gravar las emisiones de carbono hacia iniciativas sociales locales, beneficiando a comunidades deprimidas. Una decisión del Estado de California que tal vez esté llamada, como afirman en el titular, a modificar las prácticas en este sentido en todo el país.
Son dos ejemplos de cuán necesaria es la correcta comunicación de los avances científicos para que calen en la opinión pública, pero también del imprescindible apoyo por parte de las administraciones, que tienen en su mano la posibilidad estimular la aplicación de medidas basadas en criterios sólidamente consensuados.
